El problema de la vivienda (III) (Escuela Central de Formación Política del PCE. 16 de Diciembre 2024)
El problema de la vivienda es un mal endémico de la sociedad española.
En la dictadura se asistió al éxodo rural a las ciudades a lo largo de las décadas de los 50 y los años 60, lo que generó problemas de vivienda en las ciudades.
Es de destacar que en este periodo había poca intermediación financiera y actividad bancaria en cuanto a crédito hipotecario. La vivienda se paga a través de pagarés.
El progresivo incremento del crédito hipotecario es el punto de arranque de este tipo de negocio para la banca en la década de los 60, aumentando, por tanto, el negocio inmobiliario.
Constitución Española.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Título VII. Economía y Hacienda
Artículo 128
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
La vivienda se considera un derecho fundamental y su promoción como una obligación de los poderes públicos.
Está sometida al interés general y que la vivienda sea propiedad privada no exime que sea ajena al interés social. Esto supone ciertos límites a la propiedad privada.
La privatización del derecho a la vivienda se está produciendo por la escasa o nula promoción pública. Esto responde a que el sector inmobiliario es un sector boyante de nuestra economía.
En cualquier caso, existe la demanda social de un aumento de la regulación del derecho a la vivienda y de su promoción pública. Ahí están los ejemplos de los movimientos sociales por la vivienda, tales como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinas.
y es que la vivienda es un elemento fundamental para el desarrollo personal y social.
En el XXI Congreso del Partido se establece, por primera vez, una tesis política sobre el problema de la vivienda, en contra de la especulación, el señalamiento de responsabilidades políticas y económicas por la situación problemática de acceso a la vivienda dada la falta de una legislación pertinente que aborde su problemática, que beneficia a usureros, entidades financieras y fondos de inversión.
Se considera que la propiedad de la vivienda actúa como un medio ideológico conservador de pequeño inversor y de propietario.
La situación actual de la vivienda va estableciendo una diferenciación social significativa entre propietarios e inquilinos, considerando la tendencia al alza del alquiler frente a la compra de la vivienda, dado el aumento del precio de la vivienda, tanto en régimen de compra como en régimen de alquiler. De ahí los fenómenos de hacinamiento, infravivienda y de alquiler de habitaciones.
El problema se agrava por que la planificación urbanística está en manos de los grandes tenedores de solares e inmuebles.
También se está haciendo frecuente la firma de hipotecas inversas por la baja cuantía de las pensiones y por cuestiones de herencias recibidas, producto financiero novedoso para entidades aseguradoras y bancos.
Así como la compra-venta de la nuda propiedad de la vivienda.
El problema del acceso a la vivienda se agudiza por el crecimiento del número de nuevos hogares por las familias, que son de carácter migrante, principalmente, que necesitan un hogar para establecerse.
El constante aumento del número de pisos turísticos en áreas concretas de las ciudades, generalmente los barrios más céntricos, así como las segundas residencias, agravan el problema de la vivienda. En el segundo caso, se producen tensiones en las zonas más turísticas para la propia población autóctona.
El alquiler está al alza, como se ha apuntado, pasándose paulatinamente de un país de propietarios a un país de inquilinos.
El incremento del régimen de alquiler frente al régimen de propiedad es el efecto del aumento de la concentración de la propiedad de la vivienda. Ésta ha pasado de ser un bien de primera necesidad irrenunciable, a ser objeto de especulación.
El incremento de la venta de vivienda en nuda propiedad representa la ruptura del derecho a la vivienda para el arrendatario y de la vivienda como un bien de inversión para el comprador.
Los efectos de todo esto sobre la vivienda son diversos, pero el principal es la transferencia de renta de las capas sociales más empobrecidas a los arrendadores y el consiguiente aumento de los niveles de pobreza entre esas capas sociales menos favorecidas, lo que genera, en definitiva, mayor desigualdad social dada la capitalización de las viviendas y el rentismo de unos pocos.
Al igual sucede con el crédito hipotecario y la transferencia de rentas de la clase trabajadora a las entidades financieras.
Así, la clase trabajadora con menores ingresos y con problemas de acceso a la vivienda enfrenta, finalmente, procesos de exclusión social.
Ante esta situación, los jóvenes observan la herencia como uno de los mecanismos de acceso a la vivienda en propiedad.
Otros problemas de la vivienda tienen que ver con los procesos de gentrificación de los barrios, los grandes tenedores de vivienda, no se puede considerar a esta como un mero bien de consumo, la dedicación del suelo público a vivienda pública, el papel de los medios de comunicación que generan campañas ideológicas con sucesos de ocupación de viviendas, anuncios de alarmas antiocupación y la creación de intranquilidad entre los arrendatarios ante la Ley de Vivienda que conlleva, en última instancia, a que no saquen al mercado sus viviendas.
La promulgación de la Ley de Vivienda fue forzada por Unidas Podemos. La oposición al Gobierno actuó en su tramitación como la voz en el Congreso del lobby constructor-inmobiliario.
Las propuestas políticas del Partido ante esta problemática son medidas urgentes, de choque:
- Alquileres indefinidos con rentas de alquiler reguladas.
- Vincular la financiación autonómica, por parte del Gobierno Central, al cumplimiento de la Ley de Vivienda.
- Parque de alquiler de vivienda social más allá del negocio de las constructoras, ya que no existe un problema de oferta, dado el número de viviendas vacías existente, sino público, tomando como base las viviendas en propiedad de la SAREB.
- Planificación de la construcción en el territorio.
- Limitar la compra de la vivienda cuando no vaya a ser el domicilio habitual del comprador o no vaya destinada al alquiler asequible.
- No dedicar más del 30% de la renta disponible al pago de la vivienda.
- Fin de los beneficios fiscales al rentismo inmobiliario, especialmente, de los fondos de inversión inmobiliario.
- Modelo de vivienda al margen del mercado.
- Vivienda pública y asequible promovida por los poderes públicos, atendiendo a las necesidades sociales, basadas en el control democrático y a las previsiones futuras de vivienda.
- No a la política pública de colaboración público-privado, ya que supone la transferencia de rentas públicas a beneficios privados.
- Rehabilitación de vivienda considerando los efectos del cambio climático y las medidas medioambientales correspondientes.
Además, la planificación de la política de vivienda debe anticiparse a los cambios de las necesidades de las familias con el paso del tiempo.
Debe coordinarse y trabajar en común con los movimientos sociales vinculados al problema de la vivienda con el fin de construir una plataforma estatal sostenida en el tiempo, mediante la socialización de debates y propuestas.
Comentarios
Publicar un comentario